Alianza In, o cómo las App's pasan de necesitar normas a influenciar grandes reformas

Desde la llegada de Uber y el crecimiento exponencial de Rappi en el país, las aplicaciones móviles piden su espacio regulatorio, y han encontrado un oasis en Alianza In. Pero podrían ir más allá.

Por: Ricardo Ruiz.

En medio de los estragos ocasionados por la pandemia, las aplicaciones móviles han sido la punta de lanza para mantener el sector de la economía de servicios. Es más, en algunas alcaldías, como la de Medellín o Bogotá, han sido propuestas innovadoras, así como polémicas, como señalamos en este post. Pues bien, también durante el confinamiento se dió noticia de la creación de Alianza In, un conglomerado de aplicaciones que busca, según su página web (aún en construcción) "generar soluciones de impacto económico y social por medio de la tecnología e innovación". 

Aunque con ese objetivo principal pareciese un proyecto privado de CTeI o I+D, sus primeros pasos, en realidad, han ido en una dirección política. No es gratuito que su director sea David Luna, uno de los mejores representantes a su paso por el Congreso 2006 y también en su estancia en el Concejo de Bogotá. En recientes entrevistas, ha señalado la importancia de desregular o crear un marco normativo para un claro funcionamiento de las aplicaciones móviles. Quizás este sea el pilar clave para el crecimiento y fortalecimiento de la economía digital en Colombia, un sistema de reglas claro para participar. Ejemplos claros han sido Uber, creando inseguridad jurídica para app's extranjeras; y Picap en materia local.

De necesitar un marco normativo... a crear normatividad 

Aunque los casos de Uber (respecto al servicio de pasajeros) y de Rappi (frente a la condición laboral) usan una especie de contratos en la que la app móvil permite enlazar a quien presta un servicio y quién lo necesita, la manera en que lo hacen se establece en una zona gris. Hace 15 años, ¿quién se planteaba que tu domicilio no lo hace el restaurante sino un tercero, o que el conductor de tu taxi ni siquiera use taxi? Pues bien, aquí es donde entra el doble juego normativo: Por un lado, un juego de reglas para que las aplicaciones funcionen legalmente en Colombia, un camino que no está lleno de rosas, pues ya hemos visto cómo han prohibido aplicaciones como Uber en algunos países. Por otro,  las transformaciones en materia laboral (trabajar para una app no es muy diferente en su accionar a trabajar en un empleo de una empresa netamente física), de movilidad (en autos que prestan la misma tarea de servicio público), entre otros. Es, respecto a este último punto donde se presentan las grandes reformas y en donde reconocer las aplicaciones usadas masivamente es un obligación de quienes presentan los proyectos de ley.

Es en este escenario donde se presenta Alianza In: Defender la facilidad del contrato entre el usuario y el servicio, a través de una app, nunca había sido tan sencillo, y eso no tiene marcha atrás. A un conglomerado de aplicaciones de la solidez de Uber, Rappi o Cabify no es que vaya a echar de menos recursos a la hora de defender sus posiciones en el Congreso, frente a las SuperIntendencias o ante la justicia misma.

Esta es una disputa que recién empieza, y es innecesario crear prejuicios frente a lo positivo o negativo de cada regulación antes de que se presenten. Bien dice el dicho que no es la flecha, es el indio, y a una flecha como las aplicaciones móviles le queda otra arista por revisar: La integración de las app's a las acciones de las instituciones del Estado colombiano. 

De la normatividad... a instituciones en una aplicación móvil. 

Como todos sabemos, la gran capacidad y fuerza del Estado muchas veces se queda corta si de tecnología nos referimos. Ejemplos hay muchos, como las pruebas de red 5G en la Secretaría de Salud de Bogotá mientras hay territorios de 3G móvil con inestabilidad. Así que el secreto está en el cómo. Y es algo que se deben pensar muy bien tanto el Estado como Alianza In. Ejemplos hay, y es que pueden ir desde la integración de los servicios estatales como el señor caso de Estonia, donde puedes tramitar cualquier solicitud de servicios médicos, registraduría y derechos de petición en una sola aplicación, hasta China, que te pide 'amablemente' entregar los datos de recorridos a gobiernos locales para poder funcionar tu aplicación de movilidad. 

Problemáticas por resolver hay, pero lo cierto es que las aplicaciones - y en especial Alianza In si logra concentrarlas como representación - pueden estar abriendo un paragón en el proceso de digitalización en todas las ramas del Estado Colombiano. Hay poder, recursos y capacidad. Ahora veremos qué habrá con ello.

 

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